OPINIÓN: La UME, su protocolo de intervención y los cambios que vendrán

Artículo publicado en la Revista EMERGENCIA 112 (de la APTB), nº 89, de octubre de 2011

Autor: Jaime Tovar.

Hace ya bastantes meses fue anulado por el Tribunal Supremo el Real Decreto 399/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba el protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME)[1], debido a que no disponía de los informes previos del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de Protección Civil.

Por ello se ha aprobado y publicado recientemente el nuevo Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias.

A continuación desarrollo algunos comentarios sobre esta nueva disposición que apuntan claramente, en mi opinión, a un afianzamiento de esta Unidad en las intervenciones generales de emergencia y protección civil, mucho más allá de su actuación en la declaración de “interés nacional” (que es el único caso que permitiría una dirección de las autoridades estatales), muy nombrada pero nunca vista.  

Es cierto que algunos (defensores de posturas más locales o autonómicas) éramos prevenidos e incluso escépticos sobre la creación de esta Unidad “estatal”, pero han pasado 5 años y ésta ha desarrollado importantes y profesionales actuaciones que hace que hayamos reconsiderado nuestra postura inicial.

Creo que uno de los factores más importantes de su buen nivel de desarrollo y de aceptación (incluso por las autoridades locales y autonómicas) viene motivado por su caráctermilitar. Sobre todo porque la comparamos con los actuales servicios de emergencia (especialmente los cuerpos de bomberos) que se encuentran en un “callejón sin salida”. Éstos están inmersos en la situación compleja de cualquier servicio público en esta crisis que nos amenaza, pero especialmente agravado por determinadas formas de hacer y organizarse que los hacen más inviables aún (régimen de turnos 24 horas especialmente). De hecho las fórmulas de privatización y externalización para prestar estos servicios de bomberos están prosperando cada vez más.

A continuación se comentan algunos aspectos que creo que resulta interesante comentar de este nuevo Decreto que regula el protocolo de intervención de la UME:

1.- Sobre la posibilidad de que la UME realice otros servicios

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Acciones para mejorar el funcionamiento de la UME.

El  Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus competencias, podrá celebrar  aquellos conciertos, convenios de colaboración, acuerdos técnicos o encomiendas de gestión, que coadyuven al mejor y más eficaz funcionamiento de la UME, con los distintos órganos de las  Administraciones Públicas, así como con organismos y empresas establecidas en el sector de suministros o cualquier otro que pudiera tener relación con las diversas situaciones de emergencia.

Esta disposición (que también se contenía en el Decreto del 2007) se podría intuir que está pensada para que la UME, sobre todo en sus orígenes, “recibiera” de otros servicios u organizaciones, por ejemplo formación sobre determinadas actuaciones o riesgos, firmando convenios o acuerdos con los que en ese momento sabían del tema.

Pero la disposición también puede entenderse en sentido inverso, o sea que la UME “ofreciera” sus servicios. Es posible plantar que la UME llegue a gestionar determinados servicios de emergencia y seguridad (ordinarios), si llegan a un acuerdo con las administraciones públicas competentes.

2.- Sobre los criterios para que la UME intervenga

En primer lugar se observa en el nuevo Decreto un añadido significativo donde se determina legalmente cuándo la UME puede intervenir. Es interesante apreciar el matiz que incorpora la norma del 2011.

Decreto de 2007:

La intervención de la UME podrá ser ordenada cuando alguna de las siguientes situaciones de emergencia se produzca con carácter grave: incendios, inundaciones, etc.

Decreto de 2011:

La intervención de la UME podrá ser ordenada cuando alguna de las siguientes situaciones de emergencia se produzca con carácter grave, independientemente de que se trate de una emergencia de interés nacional (que como se sabe son las únicas
que dirige el Estado)
o noincendios, inundaciones, etc.

Así pues, la redacción actual parece que permite que la UME actúe sin más, aunque las autoridades autonómicas “pueden” solicitar su colaboración.

Lo curioso es que ha desaparecido (en este Decreto de 2011) una frase del Decreto del 2007 (referida a la responsabilidad patrimonial) que apuntaba a esta interpretación, e indicaba:

En aquellos casos en que la UME intervenga sin haberse producido una propuesta previa de otra Administración distinta de la Administración General del Estado, la responsabilidad corresponderá a esta última.

3.- Sobre los criterios para que la UME intervenga a propuesta de otras administraciones

1. En las situaciones de emergencia que se produzcan con carácter grave, relacionadas en el punto 1 del apartado anterior, que no sean declaradas de interés nacional, las autoridades autonómicas competentes en materia de protección civil podrán solicitar del Ministerio del Interior la colaboración de la UME.

2. El Ministerio del Interior, valorada la dimensión de la emergencia y los medios disponibles para hacerle frente, así como los principios de complementariedad y subsidiariedad previstos en la normativa vigente en materia de protección civil, solicitará del Ministerio de Defensa la intervención de la UME.

3. El Ministro de Defensa, por delegación del Presidente del Gobierno, ordenará la intervención de la UME, a propuesta del Ministro del Interior.

4.  La UME deberá ajustar su actuación a lo establecido en la legislación vigente en materia de protección civil, y especialmente en lo relativo a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

5. La decisión por la que finalice la intervención de la UME en una concreta situación de emergencia deberá ser adoptada por el Ministro de Defensa, a propuesta del Ministro del lnterior y oídas las autoridades que solicitaron su intervención.

Es curioso observar que las autoridades autonómicas “podrán” solicitar la intervención de la UME, pero en ningún caso decidirán la finalización de su intervención, aunque dichas autoridades serán “oídas”.

4.- Sobre la intervención en emergencias en edificios e infraestructuras estatales

Este punto que se incluye a continuación no estaba en el Decreto del 2007 derogado, es nuevo del 2011:

1. Los Ministros titulares del Departamento correspondiente o, en su caso, los Presidentes o Directores de las entidades del sector público estatal, podrán solicitar del Ministerio de Interior la intervención de la UME, con arreglo al procedimiento establecido en los puntos 2 y 3 del apartado anterior, a fin de garantizar la integridad y adecuado funcionamiento de las instalaciones, edificios, infraestructuras y establecimientos que tengan adscritos, en los supuestos previstos en el apartado tercero.1, en coordinación con el plan de protección civil que corresponda.

2. Cuando la UME intervenga en instalaciones, edificios, infraestructuras o establecimientos de titularidad del Ministerio de Defensa, se informará al Ministerio del Interior.

3. El Ministerio del lnterior alertará de la emergencia a las autoridades autonómicas de protección civil competentes por razón del territorio en que se encuentren las instalaciones, edificios, infraestructuras o establecimientos afectados y les informará de las intervenciones acordadas conforme a este apartado.

Esto facilita que la intervención en las emergencias de cualquier tipo en edificios, instalaciones, infraestructuras y establecimientos estatales sea realizada por la UME, a solicitud de los Ministerios o las entidades públicas estatales que sean sus titulares.

Como conclusión, como indicábamos en la introducción, todos estos aspectos comentados vaticinan una mayor penetración de la UME en las intervenciones ordinarias de emergencia en los próximos años. Especialmente porque algunos están viendo en la UME (junto con la otra tendencia a la privatización de los servicios de emergencia ya mencionada) una posible salida para resolver problemas o limitaciones de gestión con los actuales servicios de bomberos públicos.

En cualquier caso, me temo que esta situación que se irá produciendo “de facto” no irá acompasada con la modificación de las estructuras o normas jurídicas de emergencia y protección civil que son especialmente autonómicas y no estatales, aunque  es cierto que esto puede “revertirse” como se está apuntando en otras materias competenciales, especialmente en estos momentos de crisis en que nos encontramos.


[1] Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 4 noviembre 2008. Recurso de Casación 191/2007. Interpuesto por el Gobierno Vasco, en el que se denunciaba deficiencias formales y también de contenido, especialmente por invasión de las competencias autonómicas en materia de Protección Civil (aunque de esta última parte el Tribunal no se pronunció al aceptar el recurso por los temas formales).

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