No nos queda mucho tiempo… en la administración pública

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Le daba estos días vueltas a algo que me preocupa sobre mi organización actual y sobre, creo, la mayoría de las administraciones públicas.

Puede que por la situación actual de ajustes se hayan adoptado medidas que han empeorado las condiciones laborales de los funcionarios últimamente, es cierto; pero tengo la sensación que históricamente los gestores y directivos públicos hemos caído en una especie de “inercia” en el que el resultado final de los servicios que finalmente prestábamos a los ciudadanos (especialmente los que requien turnos o condiciones especiales) tenía que ver con lo que resultaba de aplicar las condiciones laborales que se habían pactado con los trabajadores (turnos, libranzas, horarios, permisos, etc.), pero no tanto con las necesidades reales que tenían nuestros usuarios.

Con este enfoque, cuando trabajábamos en temas de organización y planificación, una vez que aplicábamos la fórmula con esas condiciones laborales como elementos de la misma, cruzábamos los dedos, nos encomendábamos a Dios (los creyentes) y presenciábamos las consecuencias reales que tienen sobre los servicios y sus recursos, y nos escuchábamos decir:

– A ver qué números de efectivos nos salen…/nos quedan…

– A ver qué podemos hacer con lo que tenemos ahora…

 …y otras frases parecidas.

Incluso, a veces hasta intentábamos autojustificar algunos importantes (?) avances de estas condiciones laborales maquillándolos o describiéndolos de forma que parecía que la medida laboral incorporada no afectaba al servicio o incluso podía mejorarlo. Pero nos guste o no reconocerlo, la realidad es que el avance de las condiciones labores en los trabajadores públicos (al menos en algunos sectores o ámbitos) no fue acompañada con una mejora de los servicios que prestamos a los ciudadanos.

Forges

Y la culpa no era, desde luego, de los trabajadores, que quizás son los que menos responsabilidad tengan en todo esto, es del SISTEMA, es de “todos”.

Lo normal (y lo que se hace en el ámbito empresarial) es empezar al revés: reconocer bien las necesidades y lo que nos demandan los clientes ciudadanos, y desde ahí construir el andamiaje operativo y organizativo (los recursos), para finalmente (y no menos importante) fijar unas razonables condiciones laborales de los trabajadores públicos, no?.

Me da la sensación que a pesar de que la crisis es una magnífica oportunidad para el cambio real, continuamos “mirándonos el ombligo” y no levantamos la cabeza. Dudo que estemos gestionando y construyendo los servicios públicos desde una óptica adecuada, sostenible. Es como si estuviéramos esperando que volvieran los tiempos de las “vacas gordas” para volver a hacer lo mismo de la misma manera. No nos damos cuenta aún que algo está pasando por ahí fuera y que las cosas ya no son mismo.

Creo que todos  los que somos agentes del SISTEMA  (políticos, directivos, mandos intermedios, técnicos, trabajadores, sindicatos, etc.) tenemos que cambiar, replantearnos las cosas y hacerlas de otra manera, aunque lo que parece evidente es no nos queda mucho tiempo.

7 pensamientos en “No nos queda mucho tiempo… en la administración pública

  1. Jose Antonio: planteas en tu comentario un tema esencial: la medición y evaluación de resultados en la administración. Aunque creo que todavía queda mucho por hacer: no abusar de datos estadisticos, sobre todo de actividad, evitar la mera presentación de datos absolutos, centrarse mejor en los relativos y comparados y en obtener indicadores de resultado.
    Y lo más importante: la evaluación del Servicios desde los propios ciudadanos, desde su opinión y valoración, como planteas.
    Creo que los técnicos y funcionarios tenemos también algo de culpa (al fin y al cabo los políticos salen de la sociedad, son una representación de la sociedad), y debemos seguir insistiendo a la clase política (y a los ciudadanos) de la necesidad del cambio, pero nuestro reto es encontrar argumentos sólidos y científicos para demostrar que las cosas no van bien.

    Gracias por tus aportaciones.

  2. Buenas tardes D. Jaime, medir la eficacia en las administraciones públicas es algo tan elemental como sencillo, (perdona la forma de decirlo, no trato de sentar Doctrina).

    Cuando alguien va a cualquier estamento público con un “problema”, después de un largo peregrinar en la mayoría de los casos, termina en la mesa de un funcionario “que funciona”. No se si me explico.

    Pues eso, cuando los administrados… nos enteremos de una vez que compartimos al cincuenta por ciento, la condición de “clientes y accionistas” y usemos el poder ciudadano más importante que tenemos -la queja escrita- los sistemas de medición están servidos.

    Pero lo que ocurre es que los que nos gobiernan (mal en la mayoría de los casos) con este sistema no podrían mantener a sus enchufados, por ello no le interesa a nadie salvo honrosas excepciones poner en marcha un sistema eficiente y eficaz de gestión de quejas.

    Partiendo de aquel como elemento clave y fundamental en todo sistema de control de la calidad que se precie, el resto de los indicativos son meras matemáticas, nº de expedientes tramitados, tiempo que se tarda de media, nº de llamadas atendidas, ect, ect, ect. Ciertamente la única complicación que veo de forma clara es la escasa implicación política en estos temas. Saludos.

  3. José Antonio, bienvenido y gracias por tu interesante comentario.
    Yo estoy contigo que la “herencia” no tendría que ser un condicionante, de hecho está bien tenerla en cuenta, pero justamente para quedarse con lo bueno y cambiar lo que no funciona.

    Miguel Angel nos habla del modelo de gestión y la inconveniencia de aplicar el empresarial en lo público. Pero alguien me puede enseñar un modelo público específico?. Yo no lo conozco. Y no tendríamos que confundirlo con el marco legal, que no define ningún “modelo”, en todo caso marcan las reglas de juego, que no está mal.

    Pero estoy más cerca de lo que comenta Miguel Angel en cuanto a que creo que no es posible transponer directamente los sistemas privados a la administración. Por ejemplo: el beneficio. Éste no puede ser entendido en el estricto sentido económico, de balance de cuenta de resultados. Hay que incorporar otras cosas (bien común, beneficio social, impacto, etc.). Pero “lo privado” nos enseña que hasta que no cuantifiquemos eso también, no avanzaremos. Suerte que ya están apareciendo metodologías para evaluación de las políticas públicas y otras medidas en las llamadas “leyes de transparencia”, que van en esa línea.

    Si supiéramos (de verdad) medir la eficacia y los resultados de la administración (no sólo económicos), podríamos medirla a nivel de servicios o unidades, e incluso a nivel de cada trabajador público, por qué no?. Y si hay diferencias de productividad, deberían manifestarse en las retribuciones que se perciben. Para ser justos. Estamos gastando dinero público, de todos, y eso si que es importante y exigente a la vez.

    En mi caso observo que cada vez soy cada vez más exigente con lo que espero que haga la administración con mis impuestos (entre otras cosas porque cobro menos y pago más), y soy menos permisivo con los excesos o ineficiencias públicas que veo, quizás sea que me voy haciendo viejo 😉 o tiene que ver con que hay un cambio de ciclo o percepción social?.

    Gracias por vuestras aportaciones y hacernos reflexionar.

  4. Hola a ambos, Jaime y Miguel Angel, he leído vuestras opiniones acerca de como se podría mejorar la administración pública, y no termino de verlo claro del todo…pues rezuman vuestros escritos demasiados estereotipos como para dilucidar nuevos horizontes.

    Jaime es del todo cierto que los servicios públicos se montan la mayoría de las veces en función de las condiciones de trabajo de los empleados que han de hacer que ese servicio funcione y no pensando en los usuarios que lo han de aprovechar. ¿pero esa responsabilidad no es de los gestores públicos?

    Miguel Angel, ampararse en las herencias y en lo necesario que resulta para el interés general que los funcionarios gocemos de la independencia que tal condición nos otorga para seguir pertrechados en el “nadismo” permitirme el palabro (nada pasa nada llega…), ciertamente es hora ya de rebasar estos criterios para repensar ciertamente en una función pública coherente, bien dimensionada, coordinada, comunicada, preparada, motivada, ect…, donde el objetivo no pueda ni deba ser pasar el día sin novedad en el servicio.

    Somos los funcionarios los que tenemos que garantizar que el servicio público funciona con eficiencia y con eficacia. Somos los funcionarios públicos los que debemos y podemos intervenir más y mejor en la protección de los servicios públicos, denunciando las tropelías que día si y otro también cometen los que nos gobiernan. Pero he aquí que la mayoría de las veces es mejor mirar para otro lado y rezar para que no pase nada que lo evidencie.

    ¿Ambos dos creéis que una tragedia como la del Madrid Arena no se podía haber evitado si esa cultura de mirar para otro lado no fuera la dominante entre la mayoría de los funcionarios públicos hoy en día?

    Yo digo y afirmo que si, que esta y otras muchas tragedias (financieras, medioambientales, urbanísticas…) no son posibles sin la conformidad y la pasividad de los funcionarios públicos acostumbrados a mirar siempre para el lado que mas nos interesa o conviene a nuestra propia carrera.

    Efectivamente Sr. Jaime No nos queda mucho tiempo… en la administración pública, pero para no repetir errores lo mejor es analizar bien los ya cometidos. Un saludo

  5. Bueno, veo que vamos hacia un punto de vista más próximo y razonable. Coincido en que es necesario poner el acento en los ciudadanos y sus necesidades para poder construir los servicios públicos. Pero incluso en esta coyuntura la herencia (que anteriormente he apuntado) tiene un peso a considerar.

    El sistema de servicios públicos lleva muchos años instaurado y la combinación de factores y circunstancias determinan muchas de las decisiones que se toman respecto a su funcionamiento y mantenimiento. Además, no podemos obviar el mandato constitucional: “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de …” (art. 103 CE)

    Al final, siempre topamos con la interpretación de quienes deben tomar las decisiones políticas, y que priorizan en función del pretendido interés general, cómo se servirá con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, en ocasiones sin sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

    La función de empleador que desempeña la Administración Pública debe estar – es mi criterio – separada de los modelos de gestión de la empresa privada, pues su misión nada tiene que ver con el modelo de empresa capitalista que conocemos. Otra cosa es discernir qué debe ser considerado como función pública y que no. Vuelvo a lo que señalé anteriormente, ¿cualquier oficio o profesión debe ser considerado como propio y exclusivo de la función pública?

    Deberían resolverse cuestiones preliminares importantes antes de implantar ciertos modelos de gestión impropios en este ámbito.

    Seguro que al final coincidiremos en un alto grado sobre las cuestiones básicas.

  6. Como me temía, mi post no iba a ser pacífico.
    Me gusta que la discrepancia y las matizaciones provengan de una persona como tú, “bien amueblada”. Como dices, discreparemos/debatiremos/dialogaremos y no discutiremos (deporte de moda).
    Estoy contigo que hemos “hiperfuncionarizado” la administracion, quizás como elemento de defensa ante otras cosas (sueldos mas bajos, por ejemplo), tambien en que el cambio/reforma la tenemos que hacer entre todos, y no debe hacerse de manera unilateral, aunque realmente hasta ahora así se ha hecho, y eso puede cambiar (espero). Realmente no se están reformando o cambiando cosas, las actuaciones se centran en ajustes y recortes.
    Por otra parte, reconóceme que existe una diferencia entre la necesidad de proteger a un funcionario ante las injerencias políticas irregulares (por ejemplo), y acordar algo sobre los días libres o los asuntos propios por otra (a esto último se refiere Borges con su viñeta). Lo primero nos obliga a diferenciarnos del ámbito privado o empresarial, lo segundo no debería, al menos tanto. Y que conste que para revisar todo eso sé que hay que debatir también las retribuciones, por supuesto.
    Lo que pretendía mi entrada es, de manera algo provocativa, poner el acento en los ciudados y sus necesidades, y desde ahí construir los servicios públicos.
    Como te pasa a tí, no me gustan los extremos, y en los grises quizás se encuentre la solución.
    Muchas gracias por tu interesante comentario… por debatir.

  7. Apreciado Jaime, permíteme discrepar profundamente de tu punto de vista de una manera sana, con diálogo (si quieres). Las cosas no suelen ser blancas o negras, sino con diversos matices y siempre existe un punto de encuentro para concordar las posturas.

    Yo admitiría tu punto de vista desde un posición absolutamente teórica de la gestión empresarial, además de un tanto utópica del cómo debería ser “la cosa pública”. Pero la realidad se compone de múltiples factores, algunos de ellos heredados (la herencia aun no siendo determinante es importante) y con los que tenemos que lidiar igualmente.

    Es cierto que las crisis, en general, son oportunidades de cambio real, lo que ocurre es que en España el cambiar las cosas resulta muy difícil y suele ser un ejercicio que se termina haciendo por la fuerza, nunca por ánimo emprendedor individual o colectivo con la finalidad de mejorar. El cambio genera conflicto y el conflicto en nuestra cultura es visto como algo negativo; además de padecer la incultura de saber el cómo resolverlo por métodos civilizados, entendiendo por tales aquellos cuya resolución no genera un ganador y un perdedor, sino propiciando el que todos ganemos algo.

    En definitiva, y para no extenderme más que tu propio artículo, no podemos obviar nuestra estructura social, los funcionarios -como servidores públicos- tenemos unas condiciones de trabajo que responden a un grado de responsabilidad pública que no es exigible a los trabajadores del sector privado. Y hablo de funcionarios en particular y no de empleados públicos en general (personal laboral y estatutario) porque uno de los problemas que padecen las Administraciones Públicas es el exceso de funcionarios. Me explico, ¿es realmente necesario que un electricista (pongo como ejemplo de muchos otros oficios) deba tener la condición de funcionario para desarrollar su cometido público con la debidas garantías para el administrado? Al final, lo que se ha conseguido ha sido funcionarizar aquellas ocupaciones sobre las que no tiene ningún sentido aplicar tal condición, y -a mi entender- con el fin de conseguir una mayor estabilidad laboral, ello derivado del desastroso sistema de contratación vigente en nuestro ordenamiento laboral.

    En fin, el resultado es la suma, alguna resta, alguna división y multiplicaciones las más, de despropósitos que nos han trasladado a un escenario indeseado para todos y del que ahora resulta muy complicado salir. Pero una cosa te aseguro, la salida o solución no pasa ni por rebajar las condiciones de trabajo de los funcionarios ni por culpabilizar a los empleados públicos de tener unas condiciones comparativamente irracionales.

    Te agradezco tu artículo.

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